¿Qué se puede proponer a estas alturas para situar a España en 2025 ante un cambio de paradigma, convirtiéndola en una potencia capaz de surfear la ola de la globalización?
Por una parte, hay que liberar las energías de la sociedad civil española, de la Nación, de todas sus personas, de su capital humano, político, social, empresarial y comprender a España dentro del fenómeno cambiante y poliédrico de la globalización, generando esta apertura un efecto balsámico sobre la identidad de los españoles, en cuyo ADN cultural está el salir al encuentro del otro.
Por otra, debemos adaptarnos estructural y orgánicamente a una globalización que desborda todo lo conocido hasta la fecha, actuando además en A), la cuestión territorial, y en B), la cuestión del equilibrio entre el estado social, el democrático, el de derecho y el autonómico, objeto de este Artículo de Opinión.
A)
Sobre la cuestión territorial, debe actuarse desde el respeto a lo local y a una descentralización administrativa, tanto aguas abajo como aguas arriba, hacia Europa, en aplicación del principio de subsidiariedad:
- Autonomías y entes locales.
El actual estado autonómico ha sido perfilado por una sucesiva acción de los distintos Gobiernos de la democracia, tanto del central como de los autonómicos, junto con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Las más de las veces se ha mercadeado competencias sobre materias por apoyos puntuales a la acción de gobierno o a la misma constitución de gobiernos.
Si una crítica puede hacerse es que el sistema parece que esté siempre en construcción, estando basado más en la noción de autonomía que en la noción de comunidades, en la preponderancia de los territorios sobre los ciudadanos. La finalidad que se persiguió, de contentar a los nacionalismos centrífugos, no se ha cumplido, por mor de la ley electoral (piedra angular de toda democracia (Sartori)).
El verdadero reto con relación al sistema autonómico es su descentralización al nivel local, incluso de barrios, para la distribución más eficiente y eficaz de las competencias y funciones de las entidades administrativas, fijando en la Constitución el nuevo modelo.
Si en la II República la cuestión agraria fue la piedra angular del debate parlamentario, debería introducirse la cuestión municipal y local en la discusión social y parlamentaria, puesto que esta está basada en la subsidiaridad y a su vez ésta en la libertad de la persona. El estado autonómico es incapaz también de atisbar esta necesidad, pues tal es el entramado de los intereses creados.
En estos momentos, las autonomías son mini estados, y son incapaces de dar esa libertad de acción y de administración, e incluso de participación ciudadana, a los habitantes de sus localidades o a sus provincias. El gran ideal de república democrática donde los ciudadanos participan en su propio gobierno y justicia son los EE.UU., en los que el pueblo elige a sus juzgadores, a los sheriffs, bomberos y hasta al bibliotecario en algunas localidades. ¿Qué hay de malo en esto, acomodado a nuestra mejor tradición de participación local, si el mundo globalizado inevitablemente va a dar mayor peso a las grandes ciudades?
- Gibraltar, Portugal y Marruecos.
Estas cuestiones siguen teniendo impacto en política nacional, interior. Son esenciales para la proyección exterior de España, pero también para la definición final de la cuestión territorial española.
España reconoce al Reino Unido como amigo y aliado. El Reino Unido sigue siendo potencia nuclear, y con un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que, sin duda, tras el Brexit, complicará toda aproximación al contencioso de Gibraltar. A día de hoy, es improbable que el resto de naciones del mundo que transitan por el Mediterráneo y por el Canal de Suez –es decir, todas-, quieran que un paso tan relevante no esté controlado por al menos tres países (Marruecos, España y Gran Bretaña, sin contar la base de EE.UU. de Rota). Que vuelva a España una de las columnas de nuestro escudo, hoy por hoy, incompleto, aun es política ficción.
La europeidad de Gibraltar es la garantía de la soberanía española en la Roca. España debe trabajar decididamente por un retorno de Gran Bretaña a la Unión Europea, y proponer un período de cosoberanía para Gibraltar. Para ello, hay que creer en la Unión Europea. Igual que una incipiente y aun desconfiada unidad ibérica está lograda ya desde 1986, en la misma Unión Europea.
Con respecto a Marruecos, solo basta echar un vistazo a la historia del Norte de África en los últimos 2200 años, para que caigamos en la cuenta de que sigue siendo, de uno u otro modo, una cuestión fundamental.
Apostar por una unión cada vez más estrecha entre los estados de Europa, de la Unión Europea, es apostar por estabilidad, prosperidad, bienestar, libertad e igualdad.
Siguiendo a De Gasperi, en su discurso ante el Senado para la aprobación de la moción federalista europea, recordaba que no cabe ya ser un mundo circunscrito a los problemas internos nacionales, o perderse en concepciones de carácter retrospectivo, casi reaccionario, de visiones medievales.
Frente a un riesgo de un neomedievalismo neopopulista –falto de la parafernalia militarista -, cabe la propuesta popularista “degasperiana” de un estado social, basado en la solidaridad de hecho, también en Europa, y en el principio de subsidiariedad, aguas abajo, con autonomías y poder local, y aguas arriba hacia Europa, “a través del camino trazado por la democracia” (Eduardo Martínez, en “Alcide de Gasperi”), rescatando el plano trascedente y trabajando por la convivencia entre todo tipo de ciudadanos, también entre creyentes y no creyentes, pues en el diálogo y las preguntas, Europa siempre se encuentra.
España no puede acudir a la globalización sola, sin Europa, pues Europa la necesita, dado que le aporta a Europa su particular visión global del mundo. Necesariamente ha de ser así cuando estamos ligados por sangre a muchos pueblos de la tierra, y hemos colaborado en la creación de una nueva cultura.
En un mundo donde hay grandes cuestiones globales, que deben contar con una regulación de orden especializado, como las cuestiones medioambientales, el comercio, el blanqueo de capitales, las catástrofes y pandemias, la seguridad colectiva, las guerras, los organismos internacionales, etc., la soberanía nacional es un melancólico pensamiento y Europa es una buena solución.
España ha sido global desde que ha sido España, y cerrarse en sí misma, otra vez, es de una visión muy corta de miras que pasaría factura antes o después.
Hoy por hoy es imposible en un mundo cambiante, en un mundo global, con China, con Rusia, con Estados Unidos y con otras potencias emergentes, vivir de manera independiente. De hecho, a mayor dependencia, más necesidad de cooperar sin por ello tener una visión hegemónica. Es la gran fortaleza que tiene España en estos momentos. Su capacidad de llegar acuerdos con prácticamente todo el mundo.
B)
Cuestión del estado de estados. Asimismo, la capacidad de comprender que la cuestión política española pasa, hoy por hoy, en buscar un punto de compromiso alcanzable, posible, justo, en el marco del verdadero “estado federal” español, el conformado por el estado de derecho, el estado autonómico, el estado social-intervencionista y el estado democrático, destensando y variando el rumbo de colisión que sus respectivos principios informadores mantienen en la actualidad.
El estado social exige sin duda un pacto social que pase por su sostenibilidad en el tiempo, siendo el más urgente el necesario respecto a la glaciación demográfica que vive España, así como una nueva educación del siglo XXI que no deje al 30% de los jóvenes sin terminar apenas el bachillerato, así como introducir una visión respetuosa del principio de intervención pública, en particular, con relación a la antropología natural, aceptando otras, pero no imponiéndolas como modelos o referentes.
Para ello, las tesis de Putman sobre elevar el capital social de los países, a través de iniciativas que generen capital puente entre clases sociales –y añado, generaciones- y capital pegamento dentro de ellas.
Asimismo, en la reforma del estado, la cuestión fiscal parece un elemento fundamental, como elemento distributivo para afianzar una clase media depauperada, que puede echarse en los brazos de los populistas a poco que pierda nivel de vida y seguridad.
El estado autonómico, debería poner el acento en fijar unas competencias para cada administración, con inspecciones del estado central en las más relevantes, garantizando que se conozca y se pueda usar el castellano en toda España, y, sobre todo, acentuando la idea de comunidades, más que la de autonomías. Asimismo, iniciando la descentralización hacia los entes locales de determinadas materias transferidas a las CC.AA.
El estado democrático podría reconducirse a una mejor y mayor participación del pueblo español en la toma de decisiones, en los ámbitos que sean previa y constitucionalmente abiertos. No obstante, hay que evitar que este estado incurra en el riesgo del democratismo, donde todo se puede votar y aprobar si lo dice la mayoría, pues sabemos que las mayorías no lo pueden todo.
El estado de derecho, debería reformarse asentando que en España todos somos iguales ante las leyes, y que la constitución jurídica, efectivamente, es posterior a la nación. En estos momentos, la quiebra del principio de legalidad e igualdad ante la ley, la ausencia de listas abiertas, la escasa participación ciudadana, el fin de la presunción de inocencia en algunos supuestos, el ocaso de la visión de una Transición ejemplar de la Ley a la Ley, la separación de poderes inexistente, la integración de los inmigrantes de cultura no occidental (ICNOs), son retos clave que solventar.
